Amnistía Internacional

País Estados Unidos de América

Título Comunicado de prensa de Pierre Sané tras su visita a los condenados a muerte

Fecha 9 de octubre de 1997

Índice AI AMR 51/60/97/s

Servicio noticias 173/97

Texas, 9 de octubre de 1997--

Anoche, a pocos kilómetros de aquí, el estado de Texas ejecutó a Ricky Green.

Durante los años treinta y cuarenta, el Estado alemán ejecutó a más de 7 millones de personas.

En 1945 las naciones del mundo, tras los horrores de los campos de concentración nazis, se unieron y elaboraron la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La declaración confirmaba los derechos de todos los ciudadanos del mundo sin distinción de clase, opinión, color o religión.

Los Artículos Tercero y Cuarto de la Declaración afirmaban el derecho de todo individuo a la vida y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Y por eso, hoy me presento ante ustedes embargado por una profunda tristeza y rabia tras haber visitado a los 440 hombres que el Estado de Texas considera no aptos para vivir.

Mientras el resto del mundo continúa volviéndole la espalda a la pena de muerte, en Texas aumentan las ejecuciones de Estado.

Al tiempo que la mayoría de las naciones se dan cuenta de que la pena de muerte provoca el embrutecimiento de la sociedad, de que no es una medida efectiva para controlar el crimen y de que no hay lugar para ella en el mundo moderno, Texas pasa a formar parte de un selecto club: el del asesinato con la aprobación del Estado, al que pertenecen países como Iraq, Irán, China y Nigeria.

Amnistía Internacional compadece a las víctimas de crímenes. No intenta buscar excusas para justificar los actos de los condenados a muerte. Como organización que trabaja en favor de las víctimas de la tortura y la opresión, somos en buena medida una organización para los derechos de las víctimas.

Texas no es sólo el estado de los Estados Unidos con mayor número de ejecuciones, también dejan muchísimo que desear las salvaguardias legales para quienes se enfrentan a la muerte a manos del Estado.

Jesse Jacobs fue ejecutado aquí en 1995, después de presentar el Estado dos versiones completamente distintas de su crimen en dos juicios distintos.

George McFarland fue condenado a muerte tras un juicio en el que su representante legal se durmió. Por supuesto, las autoridades del estado alegarán que los tribunales de apelación subsanarán cualquier deficiencia en la representación legal de los condenados a muerte.

Sin embargo, desde que los tribunales de apelación permitieron que Carl Johnson fuera ejecutado en 1995, a pesar de que su abogado se también se durmió durante la celebración del juicio, resulta difícil considerar los procesos de apelación como una garantía adecuada contra las injusticias.

Tal vez lo más alarmante sea que se condena a muerte a personas que no son culpables del crimen del que se las acusa.

Siete hombres han sido liberados de la cárcel tras haber sido condenados por crímenes de los que eran inocentes.

Por término medio, estos hombres pasaron más de 10 años en la cárcel aguardando el cumplimiento de su sentencia antes de conseguir ser absueltos en los procesos de apelación.

Sin embargo, en vez de aumentar las salvaguardias que garanticen que el estado no ejecuta a personas inocentes, en Texas se ha aprobado una nueva legislación que reduce el tiempo dedicado a apelaciones.

¿Cuánta gente inocente deberá ser ejecutada en el estado de Texas antes de que se den cuenta de que el sistema de justicia no es infalible, de que la pena de muerte es irreversible y de que los errores no se pueden rectificar?

En 1993, en la vista del caso Herrera contra el estado de Texas en el Tribunal Supremo de EE. UU., el ayudante del Fiscal General de Texas arguyó que la ejecución de un inocente no constituye una violación de la Constitución de los EE. UU., siempre y cuando la persona haya tenido un juicio con las debidas garantías.

Esta afirmación, más que ninguna otra, da fe de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades de Texas con tal de llevar a cabo ejecuciones.

Acabo de conocer a tres hombres que esperan su ejecución. En los juicios de todos ellos hay aspectos que parecen indicar alguna falta de garantía pero, hasta la fecha, los tribunales de apelación no se han ocupado de estas irregularidades.

EE. UU. es el país donde se ejecutan más menores de edad. Texas es el estado que condena a muerte a más menores de edad. De los 62 menores condenados a la pena capital en los Estados Unidos, 25 están en Texas, y 23 de ellos pertenecen a minorías étnicas.

Robert Carter fue condenado por un crimen que cometió a los 17 años, edad a la que el estado de Texas no le hubiera considerado apto para votar, beber alcohol o comprar un paquete de cigarrillos. Sin embargo sí permitió que se le juzgara como a un adulto y se le condenara a muerte.

Las autoridades texanas lo hicieron, a pesar de que Robert Carter es retrasado mental y sufre lesiones cerebrales.

El jurado que condenó a Carter a muerte desconocía sus problemas mentales, el ambiente de pobreza del que procedía o cualquier otra circunstacia atenuante que les podría haber persuadido para salvar su vida.

Cesar Fierro, de nacionalidad mexicana, fue condenado a muerte gracias a una confesión obtenida tras amenazar a su familia.

Fierro sabía que la policía mexicana tenía a su madre y a su padrastro detenidos sin cargos, y la policía de Texas le advirtió que serían torturados si se negaba a confesar.

El fiscal del caso ha firmado una declaración jurada en la que afirma estar convencido de que los policías mexicanos y los texanos se aliaron para obligar a Fierro a confesar.

De haberlo sabido durante el juicio, el fiscal hubiera apoyado la petición del equipo de la defensa para que se desestimara la confesión como prueba. Ahora está convencido de que, sin la confesión forzada, se hubieran tenido que retirar los cargos contra Fierro.

Doce ciudadanos mexicanos están condenados a muerte en Texas. A ninguno de ellos se le informó de su derecho a pedir asesoramiento al Consulado mexicano.

Esto constituye una violación de las leyes internacionales, en concreto de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada por los Estados Unidos en 1963.

Hoy también he conocido a Kenneth Ransom. Ransom morirá intoxicado por sustancias químicas dentro de 19 días, a las 7pm del 28 de octubre.

Fue condenado a muerte por un jurado que conocía el horror de sus crímenes. No queremos buscar excusas para sus asesinatos, ni sugerimos que no sea castigado.

Pero el jurado no tenía toda la información necesaria para juzgar si Kenneth Ransom merecía seguir viviendo

Los abusos sufridos por Ransom en su infancia dan a su vida tintes de tragedia. A los nueve años Ransom fue retirado de la custodia de su madre por las autoridades texanas.

Tenía el cuerpo cubierto de heridas y quemaduras causadas por cables eléctricos y alambres clientes con los que le azotaban.

A los nueve años ya había sufrido abusos continuos a manos de su madre y de sus hermanos mayores.

Era imposible que el equipo de la defensa desconociera estas circunstancias atenuantes, ya que uno de sus integrantes había sido el representante legal de la señora Ransom cuando le retiraron la custodia de sus hijos.

Sin embargo, decidió no relatar esta trágica historia ante el jurado cuando defendió la vida de Ransom.

Kenneth Ransom conoce exactamente la fecha, la hora y el método de su ejecución y, como pueden imaginarse, está aterrorizado.

La Constitución de los Estados Unidos prohíbe los castigos crueles y excepcionales. Es inconcebible que no se considere cruel y excepcional el castigo de Kenneth Ransom.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho referencia en sus sentencias a unas «normas éticas en continua evolución» de la sociedad. Ahora Texas debe evolucionar hacia unas normas éticas por las que se abandone el uso de la pena de muerte.

Ha llegado el momento de que Texas ponga fin a las ejecuciones sancionadas por el Estado.

La maquinaria de la muerte debe detenerse.

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